En México pesan al menos tres órdenes de aprehensión sobre Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, informó este viernes el gobierno de la presidenta Claudia Shenbaum Pardo, quien afirmó que “hay temas jurídicos, denuncias, contra el criminal García Luna en México”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detallaron en la conferencia de prensa matutina de la mandataria que se trata de investigaciones que están vigentes en México por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el juicio llevado a cabo en Estados Unidos contra el ex alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón.
La presidenta Sheinabuam Pardo agregó que su gobierno ha pedido un informe a la Fiscalía General de la República para conocer cuántas carpetas de investigación tiene abiertas contra García Luna y si existen órdenes de aprehensión adicionales.
Las órdenes de aprehensión están relacionadas con la presunta responsabilidad de García Luna en el operativo “Rápido y Furioso”, en la entrega de contratos para la construcción de 12 penales federales con contratos otorgados a empresas privadas y que representaron, según las autoridades, un quebranto a la hacienda pública, y con contratos irregulares y una red de defraudación y lavado de dinero relacionado con contrataciones públicas por el que el gobierno ha acusado a García Luna y otras personas de haber defraudado a las arcas públicas más de 700 millones de dólares.
La secretaria Rodríguez Velázquez afirmó que en Estados Unidos, la corte de Nueva York que condenó a García Luna confirmó que el ex mano derecha de Calderón “ayudó al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios”.
Repasó parte de la carrera del ex funcionario en las instituciones de inteligencia y seguridad en México y señaló que la Fiscalía General de la República ha comprobado que García Luna fue enviado por el Cisen en 1994 para rescatar y encubrir a José Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen, señalado de haber sido el segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
La titular de Gobernación detalló que entre las órdenes de aprehensión que tiene la FGR en contra de García Luna hay una por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”, a través del cual se introdujeron más de 2 mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar a las redes de distribución de armamento para los cárteles, lo que no ocurrió, pues a las armas se les perdió la pista y terminaron en manos de los grupos del crimen organizado.
La segunda es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, relacionados con una investigación a cargo de la FGR derivada de que en 2020 la Secretaría de Seguridad Pública promovió una denuncia penal porque García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 penales federales a través de contratos adjudicados de manera directa a empresas privadas, en los que a la postre el gasto por recluso “subió en exceso”, lo que generó un quebranto a la hacienda pública, dijo la secretaria Rodríguez Velázquez.
La tercera es por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de Centros Federales de Readaptación Social.
Al respecto, Pablo Gómez recordó que se trata de una investigación hecha en México y por la que se emitieron órdenes de aprehensión en contra de García Luna y otras personas, además de que el gobierno mexicano entabló un litigio para recuperar recursos de la red de García Luna en Estados Unidos.
Detalló que García Luna, a través de una red operada por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonatan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos.
Entre 2009 y 2018 la Policía Federal, el Cisen, el OADPRS de la red de García Luna 625 millones 188 mil 666 Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pagaron a las empresas del grupo Weinberg, que trianguló recursos fuera del país y luego los regresó a México.
“Es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado Mexicano”, dijo Gómez.
“Les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, empresas de cartón, muchas de ellas consideradas como “factureros” por el SAT, y otras existen, aunque no tienen un funcionamiento normal”, agregó.