La Comisión Europea envió una solicitud de información a YouTube, Snapchat y TikTok bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), para que esas redes sociales proporcionen más información sobre el diseño y funcionamiento de sus sistemas de recomendación, popularmente conocidos como algoritmos.
La DSA, por sus siglas en inglés, tiene como objetivo proteger los derechos de las personas en línea y hacer que el internet sea un espacio más seguro para los usuarios.
Según la Comisión, “la transparencia y la rendición de cuentas algorítmicas son partes clave de esta protección”.
Bajo esa iniciativa legislativa, las redes sociales “deben evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos derivados de sus sistemas de recomendación, incluidos los riesgos para la salud mental de los usuarios y la difusión de contenido nocivo que surgen del diseño basado en la participación de estos algoritmos”.
La Comisión solicitó a YouTube y Snapchat que faciliten información detallada sobre los parámetros utilizados por sus algoritmos para recomendar contenidos a los usuarios, así como sobre su papel en la amplificación de “riesgos sistémicos”, como los relacionados con procesos electorales, discursos cívicos, comportamientos adictivos y protección a menores.
A esas dos plataformas también se les cuestionó sobre las medidas que han implementado para mitigar la posible difusión de contenidos ilegales –como la promoción de drogas ilegales y los discursos de odio– por medio de sus algoritmos.
En el caso de TikTok, la Comisión solicitó más información sobre las medidas que ha adoptado para evitar la manipulación del servicio por parte de agentes maliciosos y cómo mitigan la amplificación de los riesgos relacionados con elecciones, el pluralismo de los medios de comunicación y el discurso cívico, que suelen hacer algunos sistemas de recomendación.
YouTube, Snapchat y TikTok deberán presentar la información requerida antes del 15 de noviembre, la cual será evaluada por la Comisión, para luego analizar los pasos a seguir.
En caso de que la institución no reciba una respuesta a su solicitud, esta podrá emitir una solicitud formal mediante una decisión, si tampoco hay respuesta dentro del plazo podrá imponer multas periódicas. Además, si la Comisión detecta que las respuestas entregadas incurren en datos incorrectos, incompletos o engañosos, también puede imponer multas.