El Salvador registró en 2024 una tasa de menos de dos asesinatos por cada 100 mil habitantes, la más baja de su historia, una transformación “radical” que convirtió al país en uno de los más seguros del hemisferio occidental.
“Ha sido un cambio radical para el país que, tan sólo hace unos seis años, era de los más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de tres dígitos, lo que llevó a describirlo como “el país de la muerte”, afirmó en una entrevista con la Agencia Sputnik el analista René Martínez.
Catedrático de la Universidad de El Salvador (UES), la mayor y la única de carácter público de la nación, Martínez aseguró que esta situación generó tal ambiente de seguridad que actualmente se cuentan los días sin homicidios en lugar del número de asesinatos diarios, como era común hasta hace unos años.
A principios de este mes, el presidente, Nayib Bukele, destacó la tasa de homicidios con la que se espera cerrar 2024.
“La tasa de homicidios proyectada para 2024 es de 1,8 por cada 100 mil habitantes, consolidando a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental”, expresó el mandatario comentando un parte diario de muertes violentas elaborado la Policía Nacional Civil.
En esa ocasión, el presidente salvadoreño se refirió a que noviembre cerró como el segundo mes más seguro en la historia del país, con 26 días sin que se registraran homicidios, solo superado por el mes anterior, que terminó con 27.
“De mantenerse esta tendencia, en 2025 podríamos alcanzar una tasa inferior a uno, acercándonos a nuestra nueva meta en seguridad: convertirnos en el país más seguro del mundo”, manifestó Bukele.
Según cifras oficiales, en 2015 la tasa de homicidios fue de 106,3 cada 100 mil habitantes; el 2019, año en que asumió Bukele, culminó con 38 homicidios cada 100 mil habitantes y el 2023 cerró con 2,4 homicidios cada 100 mil habitantes.
El camino al país más seguro del hemisferio
Martínez, uno de los principales estudiosos del tema en El Salvador, consideró que “llegar a ser el país más seguro del continente ha sido posible gracias a varios factores estratégicos que cambiaron la forma de enfrentar a las pandillas”.
El primero de esos aspectos que menciona es el Plan de Control Territorial, que puso en marcha Bukele 20 días después de tomar posesión para su primer mandato, el 1 de junio de 2019, y que actualmente se encuentra en su sexta fase.
Agregó que el plan apunta tanto a lo coercitivo como a lo preventivo, así como a garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado recuperen territorios que antes estaban bajo control de las maras o pandillas.
El especialista dijo que el éxito de esa estrategia se fue consolidando “en la medida en que la población asumió el plan como suyo y ha decidido ser garante de la seguridad, lo cual es posible porque la confianza en las instituciones pertinentes ha aumentado significativamente”.
Otros factores estratégicos citados por el analista son “empezar a reivindicar los derechos humanos de las víctimas, no de los victimarios; y, tercero, el hecho de contar con un liderazgo político, como el de Nayib Bukele, que es la variable fundamental del éxito del plan”.
Martínez recordó en ese sentido los altos niveles de aprobación del mandatario en las encuestas, que rondan el 90 por ciento.
De la seguridad a la economía
El experto considera que a partir de estos logros respecto a las muertes violentas y las pandillas, el gobierno debe apuntar al narcotráfico y la delincuencia común.
Señaló que para ello “es necesario lograr el milagro económico”, es decir, generar empleos bien remunerados, atraer más inversión e implementar otras medidas para impulsar el crecimiento de la economía, y la educación y la salud públicas.
“Cuando las personas se sienten seguras, se sienten motivadas a invertir en su casa y comunidad, en educar a un nivel superior a sus hijos, en invertir en la cultura, lo que se está potenciando con la recuperación del patrimonio cultural de la nación”, dijo Martínez.
La economía del país creció un 3,5 por ciento en 2023 de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva y las proyecciones oficiales señalan un resultado similar para este año, lo que coloca a ese indicador por encima de su promedio histórico, fijado en un 2,2 por ciento.
Seguridad y Derechos Humanos
La aplicación del Plan de Control Territorial y del régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022 en una escalada de la llamada guerra contra las pandillas, ha ido acompañada de miles de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre violaciones a esas garantías a personas inocentes.
Con el régimen de excepción quedan suspendidas las garantías constitucionales sobre los derechos de defensa, el límite de 72 horas que puede estar detenida una persona antes de ser presentada ante un juez y la inviolabilidad de la correspondencia.
Las denuncias de arrestos arbitrarios, malos tratos y torturas a los detenidos no vinculados a las pandillas son una constante de una nueva organización creada en 2022 por sectores sociales, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), así como de instituciones académicas y de organismos internacionales.
Los integrantes del Movir han llevado nuevamente a las manifestaciones en calles las imágenes de la época de dictadura militar de los años 80 del siglo pasado durante la guerra interna: madres y padres con las fotos de sus hijos cuyo paradero desconocen y la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Las denuncias advierten que muchas de estas personas fueron privadas de libertad sin haber sido sometidas a juicio y están con prisión preventiva hace más de dos años.
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, informó a la prensa el pasado día 3 que durante la vigencia del régimen de excepción suman más de 86.000 las personas detenidas por delitos relacionados con las pandillas y de esa cantidad, 8 mil se encuentran en libertad condicional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 4 de septiembre un informe que recoge parte de las violaciones denunciadas y reiteró el llamado al gobierno a suspender el régimen de excepción y restituir las garantías constitucionales.
“La CIDH urge al Estado a derogar el régimen de excepción, finalizando la suspensión de los derechos y garantías (…) y reitera que las garantías judiciales indispensables deben ser mantenidas vigentes en toda circunstancia”, solicitó el organismo en una de sus recomendaciones.
La directora de la fundación Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció a inicios de este mes que durante la vigencia del régimen de excepción han muerto 340 personas en las cárceles mientras estaban bajo custodia del estado.
La respuesta del gobierno, que sigue ostentando altos niveles de popularidad, ha sido acusar a esas organizaciones de priorizar los derechos humanos de los delincuentes y no los de las víctimas.