En octubre pasado, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) asestó uno de los mayores golpes al tráfico internacional de drogas del año reciente, y se confirmó que las organizaciones delictivas utilizan embarcaciones semisumergibles como nodrizas
que abastecen en distintos puntos del océano toneladas de cocaína a diversos cárteles que operan en territorio nacional.
El personal naval decomisó una embarcación de 15 metros de longitud, construida con madera y fibra de vidrio en la que se transportaban más de tres toneladas de cocaína, lo que provocó una afectación estimada en más de 37 millones de dólares para los grupos delictivos, señalaron autoridades mexicanas.
La nave contaba con sistemas de navegación, comunicación satelital, generación eléctrica, un sistema de propulsión sustentado en tres motores fuera de borda, ventilación artesanal y era tripulada por tres hombres de nacionalidad ecuatoriana que viajaron durante días, acostados, soportando temperaturas que superaron 40 grados centígrados, con poca agua y alimentos, según narraron a La Jornada tres de los participantes en el aseguramiento de la droga y del artefacto.
En lo que va de esta administración, actuando en calidad de Guardia Costera, la Semar ha logrado incautar más de 20 toneladas de cocaína que era transportada en lanchas rápidas, principalmente en estados que se ubican en la zona del océano Pacífico.
El decomiso del semisumergible, que presuntamente partió de Ecuador, es el mayor logro en un operativo, en el que además se incautaron embarcaciones menores con otras cinco toneladas del alcaloide.
Datos del Centro Internacional de Investigación y Análisis del Narcotráfico Marítimo, con sede en Colombia e integrado por autoridades de ese país, así como de Guatemala, Brasil, México, Honduras, República Dominicana, Perú, Panamá y Ecuador, refieren la posibilidad de que una embarcación como la asegurada en aguas nacionales se haya construido de manera clandestina en alguna zona costera a lo largo de tres meses y su costo alcanza cifras cercanas a un millón de dólares, cantidad que resulta pequeña comparada con los recursos que habrían obtenido los traficantes de haber llegado con el cargamento a los grupos delictivos.
La operación para interceptar la nave se inició al mediodía del 16 de octubre, cuando los sistemas de alertamiento detectaron un posible objetivo que navegaba en aguas nacionales frente a Guerrero.
Los tripulantes de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance –que desarrolla labores de patrullaje durante un mes o más, sin tener que recargar combustible, pues el buque tiene suficiente autonomía– desplegaron sus dispositivos, un helicóptero y embarcaciones interceptoras, para corroborar lo que mediante un sobrevuelo parecía una intrusión ilícita en aguas nacionales.
La embarcación ilegal resultó difícil de detectar a simple vista, incluso para los sistemas de radar, ya que su construcción diseñada con técnicas de ingeniería para soportar los golpes del oleaje y disminuir el ruido que genera su movimiento, obligó a realizar maniobras especializadas para ubicarlo de manera exacta, indicaron los tres marinos que participaron en el aseguramiento.
El semisumergible está recubierto con una especie de yute pintado de color azul-verdoso para confundirse con la marea, y solamente asomaba por encima del oleaje la parte de los motores fuera de borda, porque la especie de cabina donde están los controles y las dos pequeñas ventanillas también se ocultan con su cromática.
Pero fueron los tres motores y un pequeño tubo que servía de ventilación lo que permitió ubicar la nave de 15 metros de largo, y dotada con dos tanques de combustible en su interior.
La cavidad es el espacio suficiente para que la carga se pueda colocar en todo el interior, y los tripulantes puedan ir acostados y vigilen su entorno a través de dos pequeñas ventanas colocadas en una especie de cabina de no más de 40 centímetros de alto, narraron los mandos navales entrevistados.
Actualmente la embarcación se encuentra en las instalaciones de la Región Naval número 12. Los tres tripulantes se rindieron y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.